“No Israelis Allowed”, el escándalo que sacude Tailandia

En una playa del sur de Tailandia, la policía derriba edificios valorados en miles de millones de baht. En otra isla, un tribunal emite órdenes de detención contra veinte ciudadanos de un mismo país. Y en los comercios de varias localidades turísticas, carteles escritos en inglés advierten: "No Israelis Allowed".

En pocos meses, lo que parecía un problema local de turismo descontrolado se ha convertido en una investigación nacional sobre quién posee realmente la tierra en Tailandia, y a través de quién.

Un destino que dejó de ser temporal

Durante años, Tailandia ha sido uno de los destinos favoritos del turismo israelí. Desde 2024, los ciudadanos israelíes podían entrar sin visado y permanecer hasta 60 días, en el marco de una política de exención que aplicaba a 93 países. Antes de las tensiones recientes, más de 30.000 israelíes visitaban el país cada año, muchos de ellos jóvenes que completan el servicio militar y buscan descanso en el sudeste asiático.

Para una parte de estos viajeros, la estancia dejó de ser temporal. Comenzaron a instalarse familias, a abrir negocios y a buscar la forma de adquirir propiedades en un país donde, por ley, no pueden poseer tierra.

El marco legal: por qué esto no debería ser posible

La ley tailandesa es clara: los extranjeros no pueden poseer tierra. La Ley de Tierras y el Código Civil lo prohíben, salvo contadas excepciones por tratado. En empresas, un extranjero puede participar, pero la participación extranjera está limitada como máximo al 49%, dejando el control nominal en manos tailandesas.

La Foreign Business Act de 1999 convierte en delito que un ciudadano tailandés tenga acciones en nombre de un extranjero, y también castiga al extranjero que se beneficia del arreglo. Las penas prevén hasta tres años de prisión y multas de entre 100.000 y un millón de baht.

Pero en la práctica floreció una figura clave: el nominee. Ciudadanos tailandeses —a veces empleados, parientes o personas reclutadas por despachos de abogados— aparecen como dueños o accionistas mayoritarios, mientras el control real y el dinero provienen del extranjero. El primer ministro Anutin Charnvirakul lo resumió así: "es como extranjeros llevando pelucas negras, pero al final siguen siendo extranjeros quienes controlan".

Koh Phangan: el primer foco

La primera isla en saltar a los titulares fue Koh Phangan, famosa por sus Full Moon Parties. Según el Departamento de Desarrollo Empresarial, la isla tiene 4.761 empresas registradas; aproximadamente el 67,5% —unas 3.213— involucran capital extranjero, siendo los inversores israelíes el grupo más numeroso, seguidos de franceses y británicos.

En abril de 2026, el senador Chairong, de la subcomisión de Asuntos Militares del Senado, presentó en la Cámara una afirmación que recorrió la prensa tailandesa: que el 41% de la tierra de Koh Phangan estaría en manos de nominees vinculados a ciudadanos israelíes, y que unas 2.600 familias israelíes se habrían asentado de forma permanente.

Lo que sí está verificado son las actuaciones judiciales: entre mayo y junio de 2026, la policía incautó 37 títulos de propiedad por un valor aproximado de 150 a 200 millones de baht, e identificó 32 empresas con estructuras claramente irregulares. Algunas propiedades se encontraban en zona de reserva forestal. En la localidad de Ban Sri Thanu, los residentes llegaron a llamar al barrio "el segundo Tel Aviv" por la concentración de negocios en hebreo, un centro Chabad y una escuela internacional donde el 98% de sus estudiantes eran israelíes.

Koh Samui: la escala se multiplica

La isla vecina, Koh Samui, multiplicó la escala del fenómeno. La policía analizó los registros de 12.906 empresas en la isla y detectó 875 con características propias de estructuras de nominees. La operación del 15 de agosto de 2026 se saldó con 60 casos abiertos contra 59 empresas y 88 sospechosos —26 tailandeses y 62 extranjeros—, vinculados a 37 parcelas y edificios por un valor estimado de 1.200 a 1.500 millones de baht.

Aquí apareció un hallazgo llamativo: más de 100 empresas registradas en una sola dirección. Y un despacho de abogados vinculado a unas 150 empresas, 101 de ellas con personas cercanas al bufete actuando como nominees. Los activos inmobiliarios asociados superaban los 795 millones de baht.

El rostro más conocido del caso es Gal Bieber, un promotor inmobiliario israelí de 45 años, arrestado el 15 de agosto por orden del Tribunal Provincial de Samui sobre la base de 19 órdenes de detención. Se le imputa facilitar información falsa a autoridades, gestionar negocios reservados a tailandeses y permitir que ciudadanos tailandeses actuaran como prestanombres. La investigación señala que su red operaba una escuela internacional sin licencia y villas de lujo dirigidas a clientes israelíes.

En total, el tribunal emitió órdenes de detención contra 20 ciudadanos israelíes en Koh Samui, más que para ninguna otra nacionalidad, aunque también había sospechosos rusos, franceses, chinos y británicos entre los detenidos.

Phuket: la mayor investigación del país

Phuket, el gran destino turístico del país, lleva la cuenta más alta de investigaciones. Desde mayo de 2026, las autoridades inspeccionan más de 11.000 entidades legales en zonas turísticas. Tras un incidente en la Chabad House de Patong en julio, el Ministerio del Interior amplió la operación a 361 negocios —hoteles, villas, restaurantes y agencias— sospechosos de ocultar propiedad extranjera mediante nominees.

Ese incidente ilustra la tensión: durante una inspección el 22 de julio, un hombre judío habría dicho a los funcionarios que el recinto era "territorio israelí". El viceministro del Interior respondió: "Esto es Tailandia". Las autoridades subrayaron que la operación no iba contra los israelíes ni contra la actividad religiosa, sino contra el incumplimiento de la ley.

En Phuket también está el caso de demolición más simbólico: la playa de Hat Nui. El 20 de julio, unos 400 funcionarios comenzaron a derribar 50 estructuras que invadían la costa, en una zona de unos 8 rai valorada en cerca de 2.000 millones de baht. El ministro de Recursos Naturales denunció que "los pescadores que se acercaban a la playa recibían disparos o eran agredidos. No es propiedad privada. Es tierra pública".

A principios de agosto, el viceministro Worasit anunció que 361 empresas habían sido objeto de investigación en la cuarta fase de la operación en Phuket, con 16 infractores identificados —10 tailandeses y 6 extranjeros— en negocios que competían con locales: escuelas internacionales, alquiler de coches y restaurantes. También se investiga la legalidad de la nacionalidad tailandesa de un ciudadano israelí en Phuket y los negocios asociados, que incluyen restaurantes kosher, hoteles y agencias dirigidas a clientes israelíes.

Pai: el foco en el norte montañoso

Lejos de las playas, en el norte montañoso, está Pai, un pequeño pueblo que se ha convertido en otro foco. El senador Chairong afirmó que unas 3.000 familias israelíes se habrían asentado allí, y que más de 30.000 israelíes entran y salen de Pai cada año.

En Pai también hay un centro Chabad y se han registrado incidentes que terminaron en deportaciones. Cuatro ciudadanos israelíes fueron deportados, y un caso en un hospital local generó especial controversia. La policía nacional llegó a dar un plazo de siete días para investigar a extranjeros por actividades ilegales y altercados públicos en la zona.

El verano de 2026: la ofensiva se acelera

El verano de 2026 aceleró la ofensiva. El 21 de agosto, el viceministro del Interior Worasit y el ministro de Justicia lideraron una redada en Pattaya contra una red israelí de nominees. Los tres objetivos: Cozy Beach View, una empresa con directivos israelíes que ocultaba la propiedad bajo nombres tailandeses desde 2010; el despacho KT International Law Office, que actuaba como agente de nominees; y el hotel Chilla Avenue. Los activos vinculados superan varios cientos de millones de baht.

El 5 de agosto, Worasit intervino en un caso en Koh Samui en el que un hombre israelí fue acusado de amenazar y agredir al dueño de un negocio. El viceministro advirtió que "nadie está por encima de la ley tailandesa, sin importar la nacionalidad", y subrayó que el caso no era de carácter étnico ni racial, sino de incumplimiento de la ley.

El 17 de agosto, el vicegobernador de Phuket inspeccionó negocios israelíes en Patong tras quejas de que algunos se negaban a atender a clientes tailandeses: un restaurante, una agencia de viajes y una tienda de ropa. Las autoridades ordenaron que no se discrimine entre clientes tailandeses y extranjeros.

La represión se amplió a otras provincias. En Krabi, en junio, se arrestó a 39 personas —27 tailandeses y 11 extranjeros, entre ellos 6 israelíes, además de polacos, suizos y sudafricanos— por una trama de nominees sobre 17 parcelas. Y el fenómeno trascendió fronteras: en la isla de Siargao, Filipinas, la Oficina de Inmigración arrestó a 10 extranjeros el 26 de junio, 4 de ellos israelíes, por trabajar sin permiso; entre los detenidos había también ciudadanos de Marruecos, Australia, Nigeria, Lituania y China.

La puerta trasera: nacionalidad y corrupción

Una pregunta recurrente en Tailandia es: si los extranjeros no pueden poseer tierra, ¿cómo han llegado a controlar tantas propiedades? La primera respuesta es el sistema de nominees ya explicado. Pero hay una segunda vía, más opaca: la obtención de nacionalidad o residencia tailandesa.

Obtener la nacionalidad tailandesa siendo ciudadano de un país occidental es, en teoría, un proceso extraordinariamente restrictivo. Se requieren cinco años de residencia permanente previa, un mínimo de ingresos de 80.000 baht mensuales —o 40.000 si se está casado con un tailandés o una tailandesa—, y el proceso completo puede durar entre 7 y 12 años. Para ciudadanos de países europeos o norteamericanos, se aprueban menos de 100 nacionalizaciones al año.

Sin embargo, en agosto de 2026, el viceministro del Interior Polapee Suwanchawee reveló que al menos un ciudadano israelí en Phuket había obtenido la nacionalidad tailandesa hace unos diez años, y que estaba bajo investigación por si el procedimiento fue legal. Este hombre opera negocios que habrían generado más de 5.000 millones de baht en ingresos. El viceministro añadió que más de un israelí posee la nacionalidad tailandesa, sin dar más detalles.

La respuesta a cómo se obtuvo comenzó a aflorar en enero de 2026, cuando una redada en el distrito de Chiang Dao, en la provincia de Chiang Mai, desmanteló una red de corrupción en el registro civil. Seis funcionarios —dos secretarios de distrito y cuatro empleados municipales— fueron arrestados por emitir tarjetas de identidad falsas y documentos de residencia permanente fraudulentos que concedían a extranjeros derechos de nacionalidad tailandesa. Los funcionarios habrían cobrado sobornos de hasta 30.000 baht —unos 850 dólares— por expedir documentos falsificados.

Una comisión parlamentaria investiga actualmente cinco casos de soborno vinculados a la nacionalidad. Y el propio viceministro Phonphir admitió una preocupación adicional: que algunos israelíes podrían haber obtenido primero otra nacionalidad para luego facilitar su solicitud de ciudadanía tailandesa, una técnica de multinacionalidad que complicaría la trazabilidad del origen de los fondos.

En resumen: la puerta trasera no era solo el sistema de nominees. También era la compra de documentos y la complicidad de funcionarios.

Los carteles: "No Israelis Allowed"

Desde octubre de 2025, carteles con la leyenda "No Israelis Allowed" o "No Israel" comenzaron a aparecer en comercios de Koh Phangan y se extendieron a otras islas. Algunos propietarios los justificaron por el comportamiento de los turistas; otros los vincularon a posturas políticas relacionadas con el conflicto de Gaza.

La respuesta institucional

La respuesta institucional ha sido de varios frentes. El gobierno aprobó una revisión del régimen de visados: la exención de 60 días para 93 países se sustituirá por categorías de 30 días, 15 días o visado a la llegada, según nacionalidad. Las cinco disposiciones del Ministerio del Interior están pendientes de publicación en la Gaceta Real y entrarían en vigor 15 días después. El objetivo declarado: evitar el mal uso del privilegio de visado.

En el plano policial, la ofensiva contra los nominees se ha extendido a Phuket, Phang Nga, Krabi, Koh Samui, Koh Phangan, Pattaya, Hua Hin y Chiang Mai. La ley prevé la venta forzosa de las tierras irregulares y la incautación de activos.

¿Qué queda por resolver? La magnitud real de la concentración de tierras —incluida la cifra del 41% en Koh Phangan— aún no está respaldada por una auditoría pública completa. El viceministro Worasit ha rechazado de forma reiterada que haya una base étnica o racial en la operación, y ha insistido en que los extranjeros siguen siendo bienvenidos siempre que respeten la ley.

El espejo español

Antes de cerrar, conviene mirar al espejo. Porque lo que ocurre en Tailandia no es un fenómeno aislado. En España, país que recibirá este año en torno a 100 millones de turistas, la transformación demográfica de localidades turísticas ha llegado a extremos comparables —y en algunos casos, superiores.

En Mallorca, la población extranjera ya representa el 21,2% del censo de la isla: 206.338 residentes extranjeros sobre 971.068 habitantes. Pero la media oculta extremos más pronunciados. En Calvià, el segundo municipio más poblado de la isla, los nacidos en Baleares son solo el 37,3%: hay más extranjeros que mallorquines nativos. En Deià, cuatro de cada diez residentes son extranjeros. En Santanyí, Alcúdia y Andratx, más de un tercio de la población es foránea.

En Málaga, el 93,5% del crecimiento demográfico de la capital en el último año se debe a la llegada de extranjeros. La ciudad ha superado por primera vez los 600.000 habitantes, y uno de cada ocho residentes es extranjero. A nivel provincial, el 95% del crecimiento de Málaga en 2025 se explica por la población nacida en el extranjero.

En el conjunto de España hay 30 municipios donde más de la mitad de la población nació en el extranjero. En la provincia de Alicante, localidades como Rojales (69%), San Fulgencio (67%) o Torrevieja tienen mayorías extranjeras. En Barcelona, el barrio de La Barceloneta ha perdido un 22% de población española en una década, mientras la extranjera crecía un 42%.

La diferencia entre España y Tailandia es instructiva. En España, los extranjeros pueden comprar vivienda libremente, y el desplazamiento de la población local se produce por la presión económica del turismo y los precios inmobiliarios —lo que se ha llamado turistificación. En Tailandia, donde los extranjeros no pueden poseer tierra, el desplazamiento se produce por fraude legal: nominees, documentos falsos y corrupción de funcionarios. Pero el resultado es similar: comunidades locales que dejan de reconocer el lugar donde viven.

La pregunta no es solo tailandesa. Es europea. Es global. ¿Hasta qué punto un territorio puede absorber población extranjera —legítima o ilegítima, turística o permanente— sin perder el tejido social que lo define? ¿Y cuándo la defensa de ese tejido se convierte en exclusión?

FUENTES