¿Se podría haber evitado el desahucio de Maricarmen? Así protegen el hogar en Suecia y el resto de Europa

Si has seguido la noticia, es posible que te hayas quedado con la idea de que Maricarmen fue desahuciada por no pagar. No es así.

María del Carmen Abascal, de 87 años, pagaba puntualmente su alquiler de unos 500 euros. Vivía en la misma casa de Madrid desde 1956, con una pensión de 1.300 euros. Su casero, una sociedad que compró el edificio, le exigió pasar a 1.650 euros. Para ella era imposible. El 23 de septiembre de 2026 salió de su casa en camilla, rumbo al hospital.

Lo más incómodo es que, jurídicamente, no fue un error del sistema. Fue el sistema funcionando tal como está diseñado. Y la pregunta que me hago desde Suecia es esta: ¿qué habría pasado con Maricarmen si hubiera vivido aquí?

1. Un contrato que el propietario no puede dar por terminado a su antojo

En Suecia, cuando firmas un contrato de alquiler de primera mano, a los nueve meses adquieres el besittningsskydd, la protección de la tenencia. El propietario no puede no renovarte ni cancelarte el contrato porque le convenga. Necesita un motivo grave y demostrable ante un tribunal: impagos serios, problemas graves de convivencia o la demolición del edificio (y en ese caso suele tener que ofrecerte otra vivienda).

En España, en cambio, el contrato acaba cuando acaba el plazo, y el propietario decide si continúa.

2. Una subida del 230% no cabe en el sistema

Aquí el alquiler no lo fija el mercado libre. Se rige por el bruksvärde, el "valor de utilidad". Cada año se negocia colectivamente entre las asociaciones de propietarios y la asociación de inquilinos, la Hyresgästföreningen, y el precio depende del estándar, el tamaño y la ubicación del piso, comparado con otros similares.

Si un propietario intenta cobrar más de lo que corresponde, el inquilino puede acudir gratis al Hyresnämnden, el tribunal de alquileres. Ese tribunal revisa el precio, obliga a rebajarlo y puede ordenar que se devuelva lo cobrado de más. Pasar de 500 a 1.650 euros para forzar una salida sencillamente no funciona.

3. Heredar el contrato sin exigir un porcentaje de discapacidad

Maricarmen se subrogó en el contrato de sus padres, y ahí está el nudo del caso. La Disposición Transitoria Segunda de la LAU de 1994 limita las segundas subrogaciones de la renta antigua, y solo permite superar ese límite si el subrogado tiene una discapacidad del 65% o más. Ella tenía un 50%. Con ese porcentaje, el derecho a seguir en la casa se extinguió por ley.

Suecia enfoca el asunto de otra manera. Si falleces, el contrato puede pasar al cónyuge, a la pareja de hecho o a familiares cercanos que hayan convivido contigo en la vivienda, habitualmente unos tres años, y que puedan asumir el pago. No hay umbral médico.

Fuera de Suecia, Francia también tiene escudos: protege frente a la expulsión a los inquilinos mayores de 65 años con recursos limitados y mucho tiempo en la vivienda. Hay excepciones, por ejemplo si el propietario tiene también edad avanzada o pocos recursos, o si ofrece un realojo adecuado.

4. Si te retrasas, el ayuntamiento entra en juego

Este es, para mí, el mecanismo más interesante. Si un inquilino se retrasa ocho días en el pago, el propietario debe avisar a los servicios sociales del municipio. Empieza entonces un plazo de recuperación de tres semanas. Si la familia es vulnerable, el ayuntamiento puede conceder una ayuda económica (ekonomiskt bistånd) y pagar la deuda para que el contrato siga en pie.

Los datos acompañan. De las 7.907 solicitudes de desahucio que llegaron a Kronofogden, la autoridad ejecutiva sueca, en 2025, el 58% se retiró antes del lanzamiento. Detrás hay muchos ayuntamientos que visitan las casas, negocian planes de pago y coordinan a propietarios y servicios sociales.

5. Y cuando todo falla, un techo de verdad

Una ley solo protege si hay dónde alojar a la gente. En España, la vivienda social y asequible ronda el 3,3% del parque total, frente a una media europea cercana al 8%. En Suecia, la vivienda pública llega a entre el 17% y el 19% según cómo se cuente, en Dinamarca al 20% y en Países Bajos al 30%. Cuando un juez ordena un lanzamiento en España, los servicios sociales muchas veces no tienen ningún piso al que derivar a la persona.

Pero Suecia no es el paraíso

Sería deshonesto quedarme solo con lo bueno. Hoy, en Suecia, los desahucios van en aumento: 3.042 en 2024 y 3.330 en 2025, un 60% más que en 2020. Casi todos son por impago de alquiler, y algunos por deudas muy pequeñas. La inflación y el coste de la vida están empujando a hogares al límite, y ninguna protección legal lo aguanta todo.

La diferencia es de qué tipo de problema hablamos. En Suecia, el conflicto es pobreza y endeudamiento, y hay una red municipal que intenta frenarlo a tiempo, aunque a veces falle. En España, a Maricarmen la echaron a pesar de que pagaba, porque el diseño legal lo permitía y no había alternativa pública.

La conclusión

El desahucio de Maricarmen no fue un accidente. Fue el resultado previsible de una ley pensada para extinguir los contratos de renta antigua, de una mediación obligatoria pero no vinculante, y de un parque de vivienda pública que no da abasto. Europa nos enseña que hay otros diseños posibles, con sus propios costes y límites. Cambiar el de España es cuestión de voluntad política.