Por qué en Suecia el Estado no cabe en su capital (y en España sí)

Llevo años viviendo en Suecia y hay una cosa que sigo sin poder explicarle del todo a mi familia en España: aquí, cuando necesitas algo de una agencia estatal importante, lo más probable es que su sede central no esté en Estocolmo. Esté donde esté lo que necesitas, casi nunca está en la capital.

En España pasa lo contrario. Si la sede de algo no está en el Paseo de la Castellana, da la sensación de que ese algo no existe del todo. Esta diferencia parece menor, casi anecdótica. No lo es. Detrás hay dos formas opuestas de entender para qué sirve un Estado, y una de ellas tiene mucho que ver con por qué la llamada "España vaciada" se sigue vaciando.

El mapa que no esperarías

Empecemos por lo concreto. Estas son algunas de las agencias estatales suecas y dónde están:

• Migrationsverket (la agencia de migración, una de las más grandes del país): en Norrköping, a unos 160 km de Estocolmo.
• CSN (gestiona las ayudas y préstamos a estudiantes): en Sundsvall, en el norte.
• Trafikverket (la administración de transportes): en Borlänge, una ciudad mediana de la región de Dalarna.
• MSB (la agencia de protección civil y emergencias): en Karlstad.
• Lantmäteriet (el catastro y registro de la propiedad): en Gävle.
• Jordbruksverket (agricultura): en Jönköping.
• Läkemedelsverket (la agencia del medicamento): en Uppsala.
• Y, ya en pleno Ártico, el Esrange Space Center, la base espacial sueca operada por la Swedish Space Corporation, está cerca de Kiruna.

Ahora hagamos el ejercicio inverso con España. ¿Dónde está la Agencia Española de Medicamentos? Madrid. ¿La Dirección General de Tráfico? Madrid. ¿El catastro? Madrid. ¿El INTA, el equivalente aeroespacial? Madrid (Torrejón). El patrón es tan limpio que casi da vértigo: en Suecia los puntos están repartidos por todo el mapa; en España casi todos caen sobre el mismo sitio.

Esto no es casualidad sueca: es una política

Conviene ser honesto con los datos. Suecia no repartió sus agencias por azar ni por bondad nórdica. Lo hizo a propósito y con un nombre técnico: lokaliseringspolitik, política de localización. Desde los años sesenta y setenta, distintos gobiernos suecos han movido deliberadamente organismos estatales fuera de Estocolmo, con dos objetivos declarados: descongestionar la capital y llevar empleo público cualificado a ciudades medianas.

La lógica es sencilla de entender. Cuando trasladas una agencia estatal a una ciudad como Borlänge o Karlstad, no solo mueves unos cuantos despachos. Creas cientos de empleos estables y bien pagados. Y alrededor de esos empleos aparece todo lo demás: consultoras que trabajan para la agencia, empresas de servicios, cafeterías, vivienda, vida. La ciudad mediana deja de ser un lugar del que la gente joven se va para convertirse en un lugar al que la gente joven puede llegar.

A esto se suma una segunda pieza, igual de importante: el poder real de los municipios suecos. Aquí los municipios (290 en total) recaudan directamente buena parte de tu impuesto sobre la renta, el kommunalskatt, y con ese dinero gestionan tu escuela, tu atención sanitaria primaria, los cuidados a mayores y buena parte de los servicios cotidianos. El ciudadano sueco resuelve la mayor parte de su vida sin tener que mirar hacia la capital, porque las decisiones que le afectan se toman cerca.

La pieza que lo hace posible: no necesitas pisar ninguna oficina

Aquí está el detalle que mucha gente pasa por alto cuando habla de la descentralización sueca, y que en realidad es el corazón de todo. Da igual que la sede de Trafikverket esté en Borlänge o en la Luna: a ti, como ciudadano, te da exactamente lo mismo, porque no vas a poner un pie allí en tu vida. El trámite lo haces desde el sofá.

La llave que abre esto se llama BankID, la identidad digital sueca. Es una aplicación en el móvil con la que te identificas y firmas legalmente ante prácticamente cualquier organismo público o privado. Renovar algo, darte de alta, declarar impuestos, pedir una ayuda, cambiar tu dirección: todo se hace identificándote con BankID, sin desplazamientos ni colas ni cita previa para ir a un edificio. Y quien no puede o no quiere usar el canal digital tiene alternativas para hacerlo de otra forma, pero la puerta de entrada por defecto es electrónica.

Y fíjate en que esto no contradice el reparto de sedes por el mapa: lo completa. Una cosa permite la otra. El Estado puede estar físicamente repartido por todo el país precisamente porque su accesibilidad ya no depende de la cercanía física a un mostrador. La descentralización geográfica y la digital son las dos caras de la misma moneda.

Recuerdo perfectamente que esto me hizo estallar la cabeza cuando llegué a Suecia en 2010. Venía con el chip español de que cualquier gestión implicaba pedir cita, coger número, esperar de pie y rezar para que no te faltara un papel. Descubrir que aquí casi todo se resolvía con el móvil fue uno de esos choques que tardas en asimilar. Lo inquietante es que ahora, en 2026, dieciséis años después, en España sigue sin haberse resuelto el fondo del asunto. Ha habido mejoras, claro, hay sedes electrónicas y certificados digitales, pero el corazón del sistema es el mismo: demasiados trámites siguen exigiendo presencia física, cita previa y peregrinación a una oficina concreta.

El mejor ejemplo de esto lo contó Rubén en el podcast "El parque de Odín": el calvario que supone cambiar la matriculación de un coche traído de Suecia a España. Lo que en un país se resuelve digitalmente, en el otro se convierte en una aventura de visitas presenciales a la oficina de tráfico, con la burocracia exigiéndote estar físicamente allí. Dos países de la misma Unión Europea, dos planetas administrativos distintos.

El caso español: ni conspiración ni casualidad

Aquí es donde quiero ir con cuidado, porque es fácil contar esta historia como si en España un grupo de villanos hubiera diseñado el centralismo en una sala llena de humo. La realidad es a la vez menos cinematográfica y más difícil de revertir.

Madrid es capital desde 1561, cuando Felipe II fijó allí la corte. Sobre esa decisión se construyeron siglos de administración centralista, primero borbónica y después, de forma muy intensa, durante el franquismo. El resultado es un modelo radial que se ve literalmente dibujado en el territorio: la red de carreteras, el ferrocarril y, más tarde, la alta velocidad salen de Madrid como los radios de una rueda. Los historiadores de la geografía española lo describen como un modelo de concentración de poder, inversión y población en la capital y, en segundo plano, en algunas capitales regionales y en la costa.

No hace falta una conspiración para explicar que las grandes empresas del IBEX quieran tener su sede cerca de los ministerios y los centros de decisión. Es una inercia perfectamente racional desde el punto de vista de cada empresa: estar cerca del poder es útil. El problema es que la suma de muchas decisiones racionales individuales produce un resultado colectivo malo: un país donde para optar a un buen empleo en demasiados sectores hay que mudarse a Madrid, lo que dispara la demanda de vivienda allí mientras el resto del territorio se desangra.

Y los datos del desangre son contundentes. Según distintos análisis demográficos, alrededor de la mitad de los municipios españoles han perdido población en los últimos años, y se estima que cerca del 48% del territorio está en riesgo de despoblación. Más de la mitad de los municipios tienen menos de 500 habitantes, y la inmensa mayoría de ellos envejecen sin relevo. Soria, Teruel y Zamora aparecen una y otra vez como el rostro de esa España que se vacía mientras Madrid sumaba en una década más de 130.000 habitantes.

El factor vivienda: dónde el argumento se vuelve incómodo

Cuando concentras casi todo el empleo cualificado y casi todo el poder en una sola ciudad, la vivienda en esa ciudad deja de comportarse solo como un techo donde vivir y empieza a comportarse como un activo financiero. La demanda es estructural —la gente tiene que ir allí— y eso la convierte en un terreno atractivo para grandes fondos de inversión inmobiliaria.

Aquí quiero ser preciso, porque es el punto donde más fácil resulta exagerar. Esos fondos llegaron, en parte, porque ya existía la concentración: no crearon de la nada el centralismo, sino que encontraron en él un terreno fértil. El orden de los factores importa para diagnosticar bien: el centralismo es la enfermedad de fondo y la financiación de la vivienda es una de sus complicaciones más graves. Pero sería ingenuo quedarse ahí, porque hubo decisiones políticas concretas que metieron a esos fondos dentro del parque público de vivienda. Y eso ya no es inercia histórica: tiene nombres, fechas y cifras.

El caso más sonado ocurrió en Madrid en plena crisis, en 2013, y lo protagonizaron dos administraciones gobernadas por el mismo partido, sí, el PP. Por un lado, la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Ignacio González, vendió cerca de 2.935 viviendas del Plan Joven del antiguo IVIMA al fondo Goldman Sachs-Azora por unos 201 millones de euros. Por otro, y casi en paralelo, el Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella enajenó otras 1.860 viviendas públicas al fondo Blackstone. Sumadas, las dos operaciones supusieron deshacerse de casi 5.000 viviendas protegidas, traspasando patrimonio público a fondos de inversión para obtener liquidez rápida.

La consecuencia humana fue inmediata: cientos de familias que vivían en esos pisos con alquileres sociales se encontraron de pronto con un fondo de inversión como casero, que en muchos casos les subió la renta o intentó echarles. Y aquí viene lo importante para no caer en la exageración ni en el bulo: esto no es una opinión militante, es cosa juzgada. El Tribunal Supremo anuló de forma definitiva la venta de las viviendas del IVIMA, confirmando que la operación no se había justificado debidamente. La Justicia, en otras palabras, dio la razón a los afectados.

Lo cuento con este nivel de detalle porque ilustra perfectamente la diferencia de fondo entre los dos modelos. En el modelo sueco, el Estado y los municipios usan el patrimonio y los servicios públicos como herramienta de cohesión a largo plazo. En el episodio madrileño que acabo de describir, el patrimonio público de vivienda se trató como un activo del que desprenderse para cuadrar las cuentas de un mal año. No es que el centralismo obligue a hacer esto; es que, cuando todo el poder y todo el valor inmobiliario se concentran en un mismo punto, las tentaciones de hacer caja con lo público se multiplican y los fondos están ahí, esperando, para comprar.

Y ahora, la parte que casi nadie cuenta

Si he aprendido algo viviendo aquí es a desconfiar de los relatos demasiado limpios, incluso cuando me favorecen. Así que toca matizar dos cosas.

Primera: Suecia no es el paraíso. Estocolmo también concentra desproporcionadamente PIB, talento y dinero, y tiene un problema de vivienda serio, con listas de espera de alquiler que pueden durar años. La descentralización sueca no ha eliminado la atracción de la capital; la ha contrapesado. La diferencia con España no es que en Suecia no exista el imán metropolitano, sino que el Estado sueco ha invertido durante décadas en construir contrapesos deliberados a ese imán. Es una diferencia de grado y de política activa, no de naturaleza.

Segunda: España ya está bastante descentralizada... en otras cosas. España tiene 17 comunidades autónomas con competencias reales y enormes en sanidad, educación y, en algunos casos, policía propia. País Vasco y Navarra recaudan sus propios impuestos mediante el concierto y el convenio económico, un nivel de autonomía fiscal que envidiarían muchos Länder alemanes. El problema español no es tanto una ausencia total de descentralización como su carácter asimétrico y, sobre todo, el hecho de que la descentralización autonómica no se ha traducido en una desconcentración de las grandes sedes del Estado central ni del poder económico. Se repartieron competencias, pero no se repartió la capitalidad.

La comparación más justa: Alemania

Si Suecia parece un caso pequeño y particular, Alemania ofrece el ejemplo de manual de que un país grande también puede funcionar sin un único centro que lo absorba todo. El Tribunal Constitucional está en Karlsruhe, no en Berlín. El Banco Central Europeo y buena parte del poder financiero están en Fráncfort. La industria del automóvil tira de Stuttgart y Múnich. Los medios públicos, las editoriales y las grandes ferias están repartidos entre Colonia, Hamburgo, Leipzig y Múnich. Berlín es la capital política, pero no es el lugar donde está todo. Un alemán de Friburgo o de Dresde no siente que para prosperar deba mudarse a la capital.

Ese es exactamente el contraste que duele al mirar a España: no es que repartir el Estado sea utópico o imposible para un país de tamaño medio o grande. Es que otros países lo han hecho y les ha funcionado para cohesionar el territorio.

¿Por qué cuesta tanto cambiarlo en España?

Cada vez que un gobierno central ha intentado, tímidamente, sacar alguna sede de Madrid, la resistencia ha sido feroz y se ha convertido de inmediato en arma política. Y hay una razón material muy concreta detrás de esa resistencia: mover a miles de funcionarios que ya tienen su vida montada en un sitio tiene un coste humano y electoral altísimo que pocos partidos quieren asumir. A esto se añade el "efecto capitalidad": una vez que todo está concentrado, cada nuevo actor tiene incentivos para concentrarse también, porque ahí está el resto. La inercia se retroalimenta.

La lección sueca y alemana no es que sea fácil. Es que requiere una decisión política sostenida durante décadas, por encima de los ciclos electorales, entendiendo que vertebrar un país es una inversión a muy largo plazo cuyos frutos no se ven en una sola legislatura.

La pregunta de fondo

Al final, todo esto se reduce a una pregunta sobre para qué sirve el Estado. Suecia ha decidido, con sus imperfecciones, usar el aparato del Estado como una herramienta para coser el territorio y repartir oportunidades por el mapa. España, por inercia histórica más que por maldad, ha dejado que su capital actúe como un agujero gravitatorio que lo atrae todo, con la despoblación del interior como factura.

No tengo una solución mágica, y desconfiaría de quien la ofreciera. Pero sí tengo la sensación, después de años viendo cómo funciona el otro modelo, de que el reparto territorial de las instituciones no es un capricho nórdico. Es una de las palancas más concretas que existen para que un país no se parta en dos: una mitad que revienta de cara y otra mitad que se queda en silencio.

¿Y tú qué opinas? ¿Crees que algún día veremos en España un reparto real de las instituciones por el territorio, como existe en Suecia o en Alemania? Te leo en los comentarios.